“La justicia es la reina de las virtudes republicanas
y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”
Simón Bolívar (1783-1830) Libertador.
Cuando salió el anterior defensor del pueblo, la gente de a pie, los que no comulgamos con el gobierno y los débiles jurídicos, no nos hicimos muchas ilusiones. El cambio, como quedó demostrado, era y es gatopardiano. Ambos, tenían y tienen una sola obsesión: agradar al líder del proceso. Única garantía para no ser eyectados del cargo. No les importó, ni les importa el pueblo, lo que más les interesa es la conservación del puesto, vivir las delicias del poder y para ello había y hay, de manera vergonzosa, ignominiosa y deshonrosa que darle la espalda al pueblo y entregarse vilmente al autócrata. Esa conducta esta colosalmente comprobada y probadamente rechazada por el pueblo. ¡Por favor! Es bueno cilantro, pero no tanto.
La defensora del pueblo, sale a la luz pública para reclamar y pedir justicia para con los “trabajadores” de la Alcaldía Mayor. Eso es correcto. No hay dudas que hay que respetar el estado de derecho, la dignidad de la gente y los derechos humanos de cada uno de los verdaderos trabajadores que dependían y dependen de esa dependencia oficial. El alcalde Ledezma, pruebas en ristre, ha demostrado que la gran mayoría eran “activistas violentos” que no justificaban la erogación en la nómina oficial financiada con los dineros del pueblo. Ese pueblo que también hay que dignificar, reconocer y respetarle sus derechos ciudadanos. A Díos lo que es Díos y al César lo que es del César.
En todo caso, el alcalde Ledezma ha dicho, reiterado y garantizado que todos aquellos trabajadores, sin importar su color político, que justifiquen sus salarios, que cumplan una función en beneficio del pueblo y que por respeto a él mismo sienta que tiene derecho a depender de la nómina oficial, se quedará, dignificará y respetará. Esa es la conducta de un verdadero demócrata, de un gobernante con sensibilidad social, respetuoso del estado de derecho y comprometido a salvaguardar los dineros del pueblo y utilizarlos correctamente para buscarle solución a sus problemas y mejorar la calidad de vida de los vecinos que lo eligieron. Más claro no canta un gallo.
Ese es el punto y lo consideramos acertado. La Defensora del Pueblo, debe con el Alcalde Mayor, nombrar una comisión mixta especializada, chequear caso por caso desde el punto de vista contractual, laboral y humano. Reenganchan, restituyen y le reconocen sus derechos a los que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, cumplan con su deber y presten un servicio al público. Los que no cumplan con esos parámetros, a llorar al valle y los responsables de las nóminas fantasmas, puestos a la orden de los organismo jurisdiccionales. Cuentas claras y transparentes le dan credibilidad a la gestión pública. Al pan pan y al vino vino.
Ahora bien. La defensora del pueblo debe actuar con igual diligencia, empeño y determinación para salvaguardar los derechos humanos de los empleados y obreros que fueron despedidos injustificadamente y por ejercer un derecho constitucional, de la INDUSTRIA PETROLERA. Les niegan el reenganche, salarios caídos, prestaciones sociales, les confiscaron la caja de ahorro y para coronar el acto canallesco los echaron de las viviendas, les cerraron el acceso a la educación, la salud, además de mantenerlos en una lista negra, para que nadie les dé trabajo en las contratistas de PDVSA. Un criminal apartheid que viola todos los derechos humanos. ¿Es eso justicia? Yo te aviso chirulí. Lo que está a la vista no necesita anteojos.
La defensora del pueblo, sale a la luz pública para reclamar y pedir justicia para con los “trabajadores” de la Alcaldía Mayor. Eso es correcto. No hay dudas que hay que respetar el estado de derecho, la dignidad de la gente y los derechos humanos de cada uno de los verdaderos trabajadores que dependían y dependen de esa dependencia oficial. El alcalde Ledezma, pruebas en ristre, ha demostrado que la gran mayoría eran “activistas violentos” que no justificaban la erogación en la nómina oficial financiada con los dineros del pueblo. Ese pueblo que también hay que dignificar, reconocer y respetarle sus derechos ciudadanos. A Díos lo que es Díos y al César lo que es del César.
En todo caso, el alcalde Ledezma ha dicho, reiterado y garantizado que todos aquellos trabajadores, sin importar su color político, que justifiquen sus salarios, que cumplan una función en beneficio del pueblo y que por respeto a él mismo sienta que tiene derecho a depender de la nómina oficial, se quedará, dignificará y respetará. Esa es la conducta de un verdadero demócrata, de un gobernante con sensibilidad social, respetuoso del estado de derecho y comprometido a salvaguardar los dineros del pueblo y utilizarlos correctamente para buscarle solución a sus problemas y mejorar la calidad de vida de los vecinos que lo eligieron. Más claro no canta un gallo.
Ese es el punto y lo consideramos acertado. La Defensora del Pueblo, debe con el Alcalde Mayor, nombrar una comisión mixta especializada, chequear caso por caso desde el punto de vista contractual, laboral y humano. Reenganchan, restituyen y le reconocen sus derechos a los que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, cumplan con su deber y presten un servicio al público. Los que no cumplan con esos parámetros, a llorar al valle y los responsables de las nóminas fantasmas, puestos a la orden de los organismo jurisdiccionales. Cuentas claras y transparentes le dan credibilidad a la gestión pública. Al pan pan y al vino vino.
Ahora bien. La defensora del pueblo debe actuar con igual diligencia, empeño y determinación para salvaguardar los derechos humanos de los empleados y obreros que fueron despedidos injustificadamente y por ejercer un derecho constitucional, de la INDUSTRIA PETROLERA. Les niegan el reenganche, salarios caídos, prestaciones sociales, les confiscaron la caja de ahorro y para coronar el acto canallesco los echaron de las viviendas, les cerraron el acceso a la educación, la salud, además de mantenerlos en una lista negra, para que nadie les dé trabajo en las contratistas de PDVSA. Un criminal apartheid que viola todos los derechos humanos. ¿Es eso justicia? Yo te aviso chirulí. Lo que está a la vista no necesita anteojos.
Todos somos iguales ante la ley. Hay que hacer justicia con los trabajadores de la Alcaldía Mayor. Ledezma lo garantiza. ¿Quién garantiza que se haga justicia con los despedidos de PDVSA? La defensora del pueblo está obligada a tomar la iniciativa. ¡Es la hora de la reivindicación! Hechos y no palabras. En la acción de la justicia siempre encontraremos la verdad y con ella sostenemos la igualdad y la libertad. Aunque la diferencia de ambos casos es abismal, lo que es igual no es trampa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario