sábado, 7 de julio de 2007

La Contraloría Social

Hay que hacer algo, pero
no pensar en hacer algo

Francis Picabia (1879-1953)
Artista francés de origen español.

Indiscutiblemente que la Contraloría General de la República es un elefante blanco. Existe en el papel. Todas sus dependencias regionales, municipales y las encargadas de los entes descentralizados tienen una función decorativa. La corrupción les golpea el rostro y ellas miran para otro lado. No han visto, no ven, ni verán. Hay un silencio cómplice. Nadie se quiere meter en honduras, conociendo también la inoperancia del poder judicial y la solidaridad automática de quienes detentan el poder transitoriamente. Temen al ajuste de cuentas.

El constituyente, conocedor de nuestra debilidad jurídica, complicidad y solidaridad automática, previó en la vigente Constitución Bolivariana – la mejor del mundo – el establecimiento de la Contraloría Social, la cual funcionaría bajo la responsabilidad de los ciudadanos. El poder constituyente reside en los ciudadanos, quienes tienen el derecho de pedir cuentas claras, transparentes y eficientes en la utilización de los dineros que administra el poder constituido. El poder reside en el pueblo quien lo ejerce a través de sus administradores. De allí surgen los conceptos de administrado y administrador. El pueblo y el gobierno, pues.

Ahora bien, como ejerce el administrado (el ciudadano de a pie) la Contraloría Social sobre sus administradores (los gobiernos) si todavía la soberana Asamblea Nacional, que fue diligente para voltearle el pescuezo al caballo, por un capricho de la primera niña nacional, no se ha dignado, ni siquiera a discutir un proyecto de ley, que le de armas legales a la ciudadanía para, ante la inoperancia de la Contraloría legal (el poder constituido) pueda ejercer legalmente la función fiscalizadora y contralora, para intentar disminuir la salvaje corrupción que corroe todos los estamentos de la administración pública a todos los niveles. En esas condiciones es misión imposible.

No hay un ápice de dudas, la única manera de reducir a su mínima expresión la salvaje corrupción es armando legalmente al ciudadano para que ejerza la Contraloría Social. Son las comunidades las dolientes de sus propios recursos. Es el vecino el primer interesado de que las obras que se adelantan en su entorno queden bien y los presupuestos sean ejecutados en su totalidad y de manera eficiente. Son ellos los que conociendo el alcance de la obra, el monto disponible y la empresa responsable, los que pueden ejercer eficazmente, con probidad y como parte interesada esa inspección meticulosa que evite el desastre actual de obras chucutas, mal hechas que se convierten en un remedio peor que la enfermedad.

El espíritu, propósito y razón del legislador estuvo bien orientado cuando previó La Contraloría Social en la Constitución Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional está en mora cuando no discute y aprueba la ley que empodere a los ciudadanos y mientras tanto, la corrupción continúa haciendo estragos en el cuerpo administrativo de la nación y, lo peor, continúa desacreditando el sistema democrático.
En materia de corrupción hay que hacer algo urgente y no seguir pensando en hacer algo, porque luego puede ser muy tarde. Pónganle el oído al pueblo.